Sería un error presentar este reglamento como el inicio de algo. Estoy escuchando esa narrativa, especialmente en formaciones de izquierda, que señala que con esta ley comienza una caza del migrante. No es así.

El Reglamento de Retorno es una norma de aplicación directa: una vez aprobada definitivamente, todos los estados miembros estarán obligados a aplicarla. Lo que hace es institucionalizar lo que ya era una práctica. Pivota sobre dos ejes: primero, la caza de personas en situación administrativa irregular —y digo "caza" de forma intencionada, porque de eso se trata—; segundo, la deportación y expulsión hacia países fuera de la Unión Europea.

Los controles por perfilamiento racial ya son una cotidianidad documentada. Naciones Unidas ya calificó esta práctica como endémica en España en 2018. Desde organizaciones como Rights International Spain la hemos investigado y documentado en todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: la policía para y cachea a personas no blancas por el simple hecho de no serlo, no porque haya indicios de que hayan cometido algo ilegal.

Tampoco es el inicio de las deportaciones. Con la aparición de las leyes de extranjería a finales del siglo pasado y la apertura de los Centros de Internamiento de Extranjeros, la expulsión ya era el objetivo. Lo que cambia ahora es que se podrá deportar a personas a países fuera de la UE con los que ni siquiera tienen vinculación, algo que ya venía sucediendo con expulsiones a Mauritania o Marruecos de personas que ni siquiera son de allí, pero que ahora se convierte en norma generalizada con soporte legal.

Lo que hace este reglamento es estandarizar, institucionalizar y dar amparo jurídico a una práctica que ya existía: detener a personas no blancas porque son sospechosas de estar en situación irregular. Es, en la práctica, una política eugenésica racial.

Desde las organizaciones llevábamos meses hablando del debate sobre el Reglamento de Retorno y nadie nos hacía caso. Los medios no mostraban interés y la clase política tampoco. Lo que sí observábamos era que tanto medios como partidos de todos los colores, especialmente de izquierda y centro, sí hablaban del ICE en Estados Unidos. Nos parecía una hipocresía brutal: mientras se criticaban las prácticas del ICE, algunos diputados socialdemócratas del Parlamento Europeo estaban legitimando que esas mismas prácticas se estandarizaran en la UE. Y los partidos que no las legitimaban simplemente callaban. ¿A cuántos habéis escuchado hablar de este reglamento en televisión hasta hace dos días? A nadie.

Necesitábamos esa comparativa también porque en este país, cuando se habla de racismo policial, la gente solo piensa en Estados Unidos. No conciben que sea una práctica que se da aquí, que la documentamos y denunciamos a diario.

En cuanto al fondo, el parecido es real. El reglamento permite entrar en domicilios de personas sospechosas de irregularidad, en espacios humanitarios y ONGs que trabajan con migrantes, en cualquier lugar donde se sospeche que puede haber personas en situación irregular. Permite deportaciones a países fuera de la UE aunque esos países no tengan ninguna relación con la persona deportada, como hace el ICE deportando personas a El Salvador. E incluye también la posibilidad de enviar a esos países terceros a familias enteras, incluidos menores.

Lo de los derechos humanos en la Unión Europea es una patraña.

El Reglamento de Retorno da respuesta a una necesidad que ya planteaba el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo: ese marco legal vacía prácticamente de contenido el derecho al asilo, reduce al mínimo la capacidad de las personas para pedirlo y amplía al máximo la capacidad de los estados para negarlo. El reglamento de retorno es su brazo ejecutor.

A esto hay que sumar el Reglamento de Inteligencia Artificial, que conecta directamente con toda esta arquitectura. Ese reglamento establece que hay sistemas de IA que no se pueden usar sobre población europea porque representan un riesgo elevado para los derechos y libertades fundamentales. Y en el mismo texto dice que sí se podrán usar en el control migratorio y en la lucha antiterrorista, vinculando de nuevo migración con criminalidad. Ahí está el doble estándar: los derechos valen para las personas europeas, no para las migrantes.

Todo el derecho está pensado desde una óptica racial: quién defiende Europa y de quién se le defiende. Esa es la narrativa imperante ahora mismo, pero no es solo la narrativa de la ultraderecha: es la lógica de constitución de la propia Unión Europea. Los CIEs y las redadas ya existían antes de que la ultraderecha llegara al poder. Con esos antecedentes, no puede sorprendernos que ahora se permita legalizar todo esto.

La perfilación racial ocurre cuando alguien lee tu cuerpo de manera racial y establece un prejuicio o unas consecuencias sobre tu persona en base a eso. Aquí hablamos específicamente de perfilación policial, que es la más violenta, directa y visible, aunque se produce también a muchos otros niveles.

La policía puede identificar a una persona en supuestos legítimos: cuando hay indicios de que ha cometido o va a cometer un delito. Existen también identificaciones llamadas "aleatorias". Lo que sucede en la práctica es que esas identificaciones no son aleatorias: la policía actúa en base al criterio racial. Las personas racializadas como no blancas son detenidas, registradas e identificadas no por algún indicio específico, sino por sus características fenotípicas. Son ellas quienes tienen que demostrar su inocencia.

La jurisprudencia es clara: si el criterio racial es el que determina una identificación, esa identificación es racista y es ilegal. Pero en este reglamento, la perfilación racial no es una consecuencia secundaria: es el eje central, porque de lo que se trata es de localizar personas cuya sospecha de irregularidad se basa exclusivamente en su apariencia.

Italia ya propuso hace aproximadamente un año deportar personas a Albania, un país fuera de la UE. La propia Unión Europea dijo que aquello era una barbaridad. Ahora hace suya esa postura y la defiende. El discurso siempre va cambiando, y siempre en detrimento de los derechos de las personas migrantes.

El Pacto Europeo de Migraciones y Asilo ya establecía que estos espacios se regularán fundamentalmente a través de tecnología: videovigilancia permanente y recogida constante de datos biométricos de quienes estén allí alojados. Prácticas que, de nuevo, no se permiten sobre población europea.

Todos sabemos lo que sucede en países como Marruecos, Mauritania o Túnez, a los que Europa contrata con dinero público para que hagan el trabajo sucio: deportaciones al desierto, maltrato en centros de detención. Y la Unión Europea se lava las manos subcontratando estos servicios a países de los que sabe perfectamente lo que hacen.

El reglamento salió adelante gracias a los votos del Partido Popular Europeo y de la ultraderecha, con la abstención de determinados integrantes de la socialdemocracia europea. Es importante entender la secuencia: la Comisión Europea propuso un primer texto y el PPE lo tomó para devolver una versión aún más racista y más vulneradora de derechos. Ese texto endurecido es el que se aprobó.

La socialdemocracia tiene aquí una responsabilidad que no se puede soslayar. No solo se abstuvo: tampoco hizo una oposición frontal durante el proceso. Y esto no es ajeno a su trayectoria. El Pacto Europeo de Migraciones y Asilo se aprobó bajo la presidencia española de la Unión Europea, y el Partido Socialista Europeo se vanaglorió de ese resultado.

La izquierda sí votó en contra. Pero el problema estructural es que la socialdemocracia no ha hecho su trabajo.

La perfilación racial ya genera ese miedo antes de que el reglamento entre en vigor. Una identificación policial es un mensaje a todos los hombres racializados de este país: no tenemos la libertad de caminar por la calle como el resto, es una forma de disciplinamiento social. Siempre somos sospechosos, siempre estamos controlados.

Lo que hace este reglamento es incrementar ese disciplinamiento. Genera la sensación de que puedes ser expulsado en cualquier momento, en cualquier lugar. Si estás enfermo, no vas al hospital. Si tu familia está en situación irregular, a lo mejor no llevas a tus hijos al colegio. Todas esas acciones cotidianas que son derechos básicos quedan en entredicho porque existe un amparo legal que permite identificarte, cachearte, mandarte a un centro de detención y deportarte fuera de la Unión Europea.

Algunos académicos racializados hablan de política eugenésica. En la práctica es eso: una ordenación del territorio, una ordenación de la sociedad.

Lo primero que hay que saber es que España no es un estado tan diferente al resto de la Unión Europea en materia de política racial, a pesar de la imagen que a veces proyecta. El racismo es un sistema que estructura las sociedades, es decir, no son solo ideas y prejuicios individuales, está institucionalizado y condiciona todos los ámbitos de la vida.

Lo vemos en los trámites burocráticos: las personas ucranianas que huyeron de la guerra accedieron a su documentación en días. Muchas personas migrantes regularizadas llevan meses esperando una cita para empadronarse, y en algunos casos tienen que comprarlas porque el sistema colapsa. Sin empadronamiento, el acceso al sistema sanitario y educativo queda bloqueado.

El racismo es un sistema porque son las personas migrantes quienes realizan los trabajos más precarios y con menos protección laboral. Es un sistema porque la policía para, cachea y detiene, y también, mata. Selim Traoré, Haitam Mejri, Abdelrahman Koch, Jenny Barroul, Jilin. Personas racializadas muertas a manos de la policía, solo en los últimos meses. Y es un sistema que condiciona el acceso a la vivienda, al trabajo, y deja a las personas en una situación de vulnerabilidad estructural.

El problema de fondo en España es que no se reconoce. Cuando se quiere hablar de racismo, se mira a Estados Unidos o a otros países. No se reconoce que España fue una potencia colonial e imperial, y que todavía se relaciona con su ciudadanía no blanca a través de un racismo absolutamente institucionalizado.